CONCESIONES DE CABLES SUBMARINOS: DONDE EL MAR GUARDA LOS DATOS
El ancla desciende con naturalidad, como parte de una maniobra habitual. La
tripulación apenas percibe el impacto cuando toca el fondo. Bajo la superficie, sin
embargo, ese gesto aparentemente rutinario puede convertirse en un riesgo.
A pocos metros de profundidad, sobre el lecho marino panameño, descansan
fibras ópticas que no se ven desde la cubierta de un buque, ni aparecen en los
mapas turísticos, pero por las cuales circula entre el 95 % y 99 % del tráfico
internacional de datos.
Según datos de TeleGeography actualizados a febrero de 2025, existen alrededor
de 570 sistemas de cables submarinos activos en todo el mundo, con al menos 81
más en construcción o planificación. En conjunto, estos sistemas superan 1,4
millones de kilómetros de longitud bajo los océanos, una red invisible que,
sumada, podría rodear la Tierra casi 35 veces.
Panamá, además, gestiona el 100% del tráfico regional de internet, el 97% del
tráfico telefónico internacional y el 90% de la transmisión de datos, de acuerdo con
la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de las Exportaciones
de Panamá (ProPanamá).
Nueve de esos cables recorren aguas jurisdiccionales de la República de Panamá.
Y en ese punto donde la tecnología toca el mar, comienza también la acción del
Estado, particularmente la de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Un hilo de luz bajo el océano
Aunque su nombre evoca una simple línea tendida sobre el fondo del mar, la
tecnología que sostiene la conectividad global es mucho más sofisticada. Los
cables submarinos están formados por filamentos de vidrio extremadamente
delgados— capaces de transmitir información en forma de pulsos de luz casi
inmediatamente.
En su interior viajan señales que transportan datos digitales: desde correos
electrónicos y llamadas telefónicas hasta transmisiones de video, operaciones
financieras y tráfico de internet. Cada fibra óptica actúa como una autopista
microscópica por la que se desplazan millones de datos por segundo entre
continentes.
Para resistir las condiciones del entorno, estas fibras se encuentran protegidas por
varias capas de aislamiento: recubrimientos plásticos, blindaje de acero y
materiales diseñados para soportar presión, corrosión y actividad marítima. En las
zonas cercanas a la costa, donde el riesgo de daño es mayor por causa de anclas
o artes de pesca, el cable suele enterrarse bajo el lecho marino.
A lo largo de miles de kilómetros, pequeños dispositivos llamados repetidores
refuerzan la señal luminosa para evitar que se debilite durante su recorrido.
Gracias a esta tecnología, un mensaje enviado desde un teléfono móvil puede
atravesar océanos enteros en fracciones de segundo.
Invisible para la mayoría de las personas, esta red de fibras ópticas
constituye hoy la columna vertebral de la conectividad mundial, por donde circula
el mundo digital.
Infraestructura invisible, responsabilidad visible
La instalación de un cable submarino exige estudios técnicos, evaluaciones
ambientales y coordinación entre múltiples entidades públicas. Pero antes de que
la infraestructura repose sobre el fondo marino, debe existir un acto formal: la
concesión administrativa.
En Panamá, el Consejo de Gabinete es la instancia que autoriza al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) para suscribir los contratos de concesión para
instalar y operar cables submarinos. Una vez otorgada esa autorización, el MEF
formaliza el contrato y la actividad queda sujeta al marco jurídico vigente.
Actualmente existen nueve contratos de concesión para operar y mantener cables
submarinos en aguas territoriales panameñas. Históricamente, el país operaba
con siete cables, pero en octubre de 2025 el Consejo de Gabinete autorizó la
adjudicación de dos nuevos proyectos para fortalecer su posición como centro
digital regional. Cada uno representa una inversión, una obligación y una relación
jurídica con el Estado.
La AMP interviene desde sus competencias para ordenar las actividades que se
desarrollan dentro de las zonas donde estos cables están instalados. Su función
implica velar por la seguridad de la navegación, la protección de la infraestructura
y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que rigen los
espacios marítimos.
“El trámite inicia a través de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado del
MEF, desde donde recibimos la solicitud del criterio de no objeción. La AMP
realiza un análisis para verificar la ruta de los cables submarinos, su punto de
aterrizaje en tierra y que no afecten los sistemas de ayudas a la navegación,
proyectos futuros o instalaciones portuarias”, explicó Anagrace Núñez, subjefa de
Operaciones Portuarias de la AMP.
Una vez firmado el contrato, comienza el proceso de la instalación de los cables
submarinos y la AMP monitorea la operación de los buques especializados.
Cuando ya cumple toda la etapa de colocación, se realiza la actualización de las
cartas náuticas y se mantiene una vigilancia constante para evitar accidentes.
Desde el punto de vista operativo, debido a la lentitud del proceso, se les hace un
aviso a los navegantes y se delimitan las áreas de operaciones.
En materia administrativa, los buques especializados que se encargan de la
instalación deben contactar a un agente naviero que los represente en Panamá, el
cual tendrá que tramitar una licencia de navegación comercial a través de la
Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la AMP.
Cuando el riesgo se convierte en cifra
El riesgo de daño no es hipotético. Entre 2008 y 2019 se registraron incidentes en
aguas panameñas que provocaron daños económicos superiores a once millones
de dólares. En algunos casos, los cables fueron arrastrados por anclas; en otros,
se produjeron cortes a escasa distancia de la costa.
Cada incidente representa un impacto financiero significativo, pero también una
amenaza potencial para la continuidad de las telecomunicaciones internacionales
que se sustentan sobre esa infraestructura. En un mundo que depende de la
conectividad para fundamentar su economía digital, una interrupción puede
trascender fronteras.
Ante esa realidad, la AMP impulsó la delimitación de una zona de protección en el
Océano Pacífico. El polígono establecido abarca 18.286 kilómetros cuadrados,
con profundidades que oscilan entre 4,5 y 18,7 metros. Allí se regulan las
actividades permitidas, se establecen prohibiciones específicas y se define un
régimen sancionatorio para quienes incumplan las disposiciones.
La decisión de no instalar boyas físicas para señalizar la zona respondió a criterios
técnicos basados en estándares internacionales de ayudas a la navegación. En
su lugar, la carta náutica actualizada y la coordinación permanente constituyen los
principales instrumentos de prevención.
Panamá: puente digital
El fundamento jurídico de la regulación relevante sobre este tema, se encuentra
en la Constitución Política de la República de Panamá, la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y diversas leyes nacionales que
facultan a la AMP a reglamentar zonas de protección en aguas jurisdiccionales. El
derecho internacional reconoce expresamente que los Estados ribereños pueden
dictar normas para proteger cables submarinos y salvaguardar la seguridad de la
navegación.
La iniciativa también se enmarca en la estrategia “Panamá Hub Digital”, orientada
a fortalecer la conectividad regional y atraer nuevas inversiones en infraestructura
tecnológica. La existencia de una zona protegida, con reglas claras y seguridad
jurídica, se convierte en un elemento de confianza para potenciales operadores
que evalúan al país como punto de interconexión.
El ingeniero Adolfo Fábrega, administrador general de la Autoridad Nacional para
la Innovación Gubernamental (AIG), explicó que en foros internacionales Panamá
suele posicionarse como un punto estratégico gracias a su red comunicacional y a
la presencia de cables submarinos, lo que fortalece su imagen como un país
competitivo en materia digital.
“Contar con cables más potentes y con mayor capacidad nos permite tener anchos
de banda más altos. Esto es fundamental para atraer inversiones en centros de
datos en Panamá, ya que no solo genera empleos durante su construcción, sino
también en su operación. Para este tipo de infraestructura es indispensable una
buena conectividad, y los cables submarinos garantizan el ancho de banda
necesario para que los datos puedan compartirse con el resto del mundo”, explicó
Fábrega.
La instalación de cables submarinos impulsa la economía del país. Una mayor
capacidad de enlace atrae inversión extranjera —especialmente en centros de
datos y empresas tecnológicas— que ven en Panamá un entorno digital
competitivo, lo que se traduce en nuevas oportunidades de empleo.
Panamá ha sido históricamente un puente de mercancías y tránsito
marítimo. Hoy también es un corredor de datos. Bajo la superficie del mar se
desplazan flujos digitales que sostienen mercados, instituciones y comunicaciones
planetarias.
Proteger esos cables no es solo una medida preventiva. Es reconocer que, en la
era digital, la soberanía también se ejerce sobre aquello que no se ve.



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